La batería de medidas anunciadas por Pedro Sánchez durante su discurso de toma de posesión este miércoles chocará con el muro de contención territorial del PP, dispuesto ya a proponer una oposición feroz a un Gobierno que «nació del fraude», según palabras de Alberto Núñez Feijóo. Porque muchas promesas afectan directamente a las potencias regionales, y requerirán un mayor desarrollo en cada territorio. Una cuestión central en esta legislatura, porque será la primera vez que un presidente del Gobierno tendrá que lidiar con tantos altos cargos regionales de la oposición -11 en concreto y el PP-, inmersos en una lucha sin cuartel . contra el Ejecutivo Central, que se intensificó tras las negociaciones del PSOE con fuerzas nacionalistas para obtener la mayoría parlamentaria. Una resistencia salvaje que el propio Sánchez evocó desde la galería del hemiciclo. «Soy consciente de que esta competencia está en manos de las comunidades autónomas, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados», ha subrayado sobre las listas de espera en Sanidad. «Por eso vamos a poner en marcha, con los gobiernos autonómicos que así lo deseen, un plan para conseguir una reducción drástica», añadió.
Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el PP gobierna en 12 comunidades -preside Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y cogobierna la Canarias–, frente a las tres que comanda el PSOE –Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra–. Un frente contraterritorial diametralmente opuesto al de la pasada legislatura, en la que los socialistas lideraron nueve ejecutivas autonómicas y fueron socio minoritario de coalición en otras dos.
Los líderes populares ya están tirando de todos lados. En primer lugar, porque varios barones han formalizado en los últimos días una petición expresa de convocar urgentemente una conferencia de presidentes -no se reúne desde la cumbre de la isla de La Palma en marzo de 2022- que refleja el cambio de fuerzas del mapa autonómico. A lo que sumaron declaraciones institucionales contra la futura ley de amnistía provenientes de sus propios consejos de gobierno. Y, con la toma de posesión ya una realidad, no tardaron en lanzar dardos a Sánchez desde cada uno de los territorios. Entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, vaticinó una legislatura “convulsa” y “muy complicada”; Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el nuevo ejecutivo «destruye el Estado de derecho y queda en manos de los enemigos de España», y la madrileña Isabel Díaz Ayuso reafirmó que había llamado a Sánchez «hijo diputado». » en la sede parlamentaria
En este escenario tendrá que navegar con el viento en la cara Sánchez, que en su discurso de toma de posesión destacó compromisos centrados en la colaboración con las administraciones regionales, con un objetivo: el fortalecimiento de los servicios públicos -según el presidente-. “Los recortes presupuestarios de nuestro estado de bienestar bajo el gobierno del PP han dejado a muchas comunidades sin recursos para cubrir las necesidades de sus ciudadanos y les han obligado a endeudarse (…) ¿Qué ha hecho este gobierno? Ayudando a las comunidades. Darles más recursos que en cualquier otro momento de nuestra historia”, afirmó.
La puesta a disposición de todo el transporte público colectivo (desde trenes hasta autobuses) de forma gratuita para menores, jóvenes y parados a partir del 1 de enero fue, a falta de que se conozcan detalles, el principal anuncio de Sánchez. Pero es una medida que el Gobierno debe implementar en cooperación con las comunidades. La lista de compromisos del presidente incluye también un importante gasto en sanidad pública que pondrá a prueba a las comunidades del PP y hasta dónde quieren llegar en el enfrentamiento con La Moncloa. «Es inaceptable que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista o 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama», dijo Sánchez antes de reafirmar su plan de reducir las listas de espera. Los dirigentes socialistas consultados entienden que los presidentes autonómicos del PP difícilmente podrían justificar el abandono de estos recursos si ello contribuye a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus territorios. “Primero pondrían sus intereses partidistas”, explica un ministro.
Por parte de la dirección del Partido Popular se asegura que no se darán instrucciones a los barones para que actúen como un frente común. Al mismo tiempo, los territorios ven con recelo estas promesas sin rechazarlas del todo, según varias firmas consultadas. “Primero, escríbalos. Entonces veremos. «Todo parece que sí, eso significa que sí», dicen en el equipo de Ayuso. “Lo que exige el Gobierno regional es que los gastos vinculados a las medidas propagandísticas anunciadas durante el debate y que son competencia regional vayan acompañados de financiación. De lo contrario, no quedarán más que anuncios vacíos de la galería”, añaden fuentes cercanas a López Miras.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para asegurarte de no perderte nada, suscríbete.
Suscribir
La airada reacción de los barones del PP ante el compromiso del PSOE con ERC de cancelar el 20% de la deuda de Cataluña, unos 15.000 millones de euros más 1.300 en intereses, ha dado paso a tensas expectativas tras repetidos mensajes públicos de los ministros del gobierno de que la medida sea aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas. «Independientemente de su color político y de si están cubiertas o no por el Fondo de Liquidez Autonómico», subrayó Sánchez durante el debate de investidura, en clara alusión a Madrid que, a diferencia del resto de autonomías de régimen común, es decir Todos excepto Euskadi y Navarra- no se beneficiaron de esta organización creada por el ejecutivo de Mariano Rajoy y optaron por no tener deudas con el Gobierno central, financiándose en los mercados. Ayuso alardeó de que Madrid no tenía deuda con el Estado, pero debía más de 33.650 millones de euros a bancos e instituciones públicas.
La posición de las comunidades del PP resulta incómoda para Génova, porque los territorios no comparten los mismos intereses. “Si alguien piensa en perdonar un solo céntimo a alguien debe empezar por la Comunidad Valenciana”, afirmó su presidente, Carlos Mazón. El andaluz, Juan Manuel Moreno, sostiene que su comunidad «está bien gestionada y no necesita la condonación de la deuda» del FLA pero exige 17.800 millones al Gobierno, ya que mantiene la petición del fondo de compensación temporal para recuperar 15.000 millones. “El sistema actual ha perjudicado a Andalucía respecto a la media española desde 2009”, según fuentes del Consejo. Posiciones que contrastan con las de otros dirigentes como el murciano Fernando López Miras: «No queremos migajas de un acuerdo entre Sánchez y los separatistas».
Entre otras medidas, Sánchez también prometió incrementar la bonificación de alquiler ya implementada la pasada temporada, advirtiendo una vez más a las comunidades gobernadas por el PP que aún no han desarrollado plenamente las bonificaciones. “Espero que ese sea el caso”, dijo. De manera más precisa, y como “apoyo a las clases medias”, anunció ayudas para la renovación de viviendas e incentivos fiscales para animar a los propietarios a ponerlas en el mercado de alquiler. Pero cuando se trata de vivienda, las estrategias de izquierda y derecha chocan frontalmente. Es el caso del tope de alquiler impuesto por la Ley de Vivienda, que deben implementar los gobiernos regionales declarando las zonas en dificultad. Esto lo rechazan categóricamente gobiernos como el de Ayuso, en uno de los territorios más afectados por la subida de precios.
Suscríbete para seguir leyendo
Leer sin límites
_