El Gobierno pasa a la ofensiva para defender la aplicación de las zonas de bajas emisiones frente al pulso que están llevando a cabo varias ciudades gobernadas por la derecha —la última, Badalona—. El Ministerio de Transportes ha enviado una carta a los casi 200 ayuntamientos, de todo signo político, que han recibido fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible. La misiva, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, advierte de que les exigirán la devolución de las ayudas Next Generation si no ponen en marcha sus áreas de tráfico restringido o modifican sin permiso cualquier otro proyecto subvencionado (como los carriles bici). Esta iniciativa se suma a las declaraciones de Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, que este martes amenazó a las urbes díscolas con recurrir sus planes ante los tribunales.
Transportes ha concedido 1.500 millones de euros de fondos europeos a 196 municipios y dos entes supramunicipales de toda España para financiar 1.064 actuaciones de movilidad sostenible: zonas de bajas emisiones, peatonalizaciones, carriles bici, compra de autobuses eléctricos… Tras las elecciones del pasado mayo, varios consistorios han cambiado de color político, y algunos gobiernos municipales ahora de derechas (principalmente, de PP y Vox) están revirtiendo carriles bici y tratando de paralizar o minimizar sus áreas de tráfico restringido —a las que están obligados por ley las 151 localidades de más de 50.000 habitantes—.
En esta situación, Transportes lanza un aviso a navegantes. “Ante las noticias aparecidas en medios de comunicación sobre decisiones adoptadas por determinados ayuntamientos beneficiarios de subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, que podrían suponer una modificación de las actuaciones subvencionadas o su reversión, se emite la siguiente nota”, señala el documento.
La carta recuerda a los regidores que el régimen de modificación de las inversiones establece que es obligación del beneficiario de una subvención “cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones”. Además, incumplir este objetivo se considerará como causa para reintegrar las cantidades percibidas, además de los intereses de demora correspondientes.
El ministerio señala que se pueden modificar las condiciones siempre que los cambios no alteren la naturaleza u objetivos de la subvención ni supongan un cambio sustancial en el proyecto. En cualquier caso, apunta la misiva, la modificación de las condiciones debe ser autorizada por el departamento de Raquel Sánchez y hay que solicitarla antes de que concluya el plazo para la realización del proyecto. “Si algún beneficiario de las ayudas pretende realizar una modificación de las actuaciones que suponga alterar las condiciones establecidas en la resolución definitiva deberá presentar una solicitud de modificación, debidamente motivada y firmada […]. La modificación de las actuaciones estará sujeta a la aprobación por parte del ministerio”.
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La carta, que todos los consistorios recibirán en los próximos días, continúa: “La solicitud de modificación debe incluir una memoria justificativa de las circunstancias sobrevenidas que impiden llevar a cabo la actuación, así como de que la modificación propuesta no altera la naturaleza u objetivos de la subvención, ni supone un cambio sustancial en el conjunto de actuaciones subvencionadas”.
Reversión de carriles bici
Esto no ha ocurrido, por ejemplo, en la eliminación de carriles bici subvencionados con fondos europeos en Elche (Alicante) o Logroño, que revirtieron sus actuaciones sin obtener previamente una autorización ministerial. Tampoco ha ocurrido hasta el momento con Badalona, que pretende retrasar tres años la aplicación de su zona de bajas emisiones, ni con Valladolid o Gijón, que quieren hacer más pequeños sus proyectos de ZBE.
En cuanto a la reversión de obras ya ejecutadas, el documento recuerda a los regidores que los requisitos exigen que las actuaciones “se mantengan operativas durante al menos cinco años”. Además, se recoge que el incumplimiento de este plazo “obligará a reintegrar la ayuda” recibida.
Al menos 62 urbes recibieron fondos para poner en marcha zonas de bajas emisiones en la primera convocatoria de estas ayudas, y en muchos casos el plazo de finalización de los proyectos está estipulado el 31 de diciembre de 2023. Todos los consistorios que no hayan realizado los proyectos en esa fecha —y no hayan obtenido permiso del ministerio para retrasar su puesta en marcha— se arriesgan a tener que devolver ese dinero.
El Gobierno está elevando la presión frente a los ayuntamientos díscolos. Este martes, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el Ejecutivo se plantea recurrir a la justicia en los casos en los que no se cumpla la ley, informa Luis Velasco. “Podemos recurrir ante los tribunales contenciosos y reclamar a Badalona los dos millones de euros de los fondos europeos”, apuntó. Una advertencia que desde el ministerio “mantienen” como último recurso si el Ayuntamiento de Badalona no da marcha atrás a la moratoria que pretende aprobar en el próximo pleno del 25 de septiembre, que posterga tres años la aplicación de multas en su zona de bajas emisiones.
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