A raíz del congelamiento de las tarifas de los 143 peajes que están a cargo del Invías y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) consecuencias que trae esta medida para los colombianos.
Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, aseguró que decretar el no alza de los pejes de las rutas concesionadas «se refleja en un cambio intempestivo en las reglas del juego en un negocio de largo aliento, cuya columna vertebral financiera se porta en el recaudo derivado de los pejes como fuente de pago de las inversiones realizadas en la infraestructura concesionada».
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Serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos impuestos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendo vía
En consecuencia, manifestó que el Estado se verá abocado a compensador a los proyectos y entregar, con dineros provientes del Fondo de Contingencias y presupuestales, aproximadamente 1 billón de pesos que aproximadamente dejarán de percibir las concesiones durante 2023.
Asimismo, Juan Martín Caicedo confirmó que esta medida provocó un desequilibrio económico de los contratospor cuanto las tasas reales de cada año serán menores a las previsiones en la estructuración de los mismos, al no ser restablecidas.
En el caso particular de las denominadas IP (Iniciativas Privadas) siendo proyectos que se financian exclusivamente con el recaudo de los peajes, el líder gremial dijo que esta medida géneros el riesgo de que no puedan garantizar su sostenibilidad financiera y, como resultado de lo anterior, los contratos podrían terminarse de manera anticipada.
En este caso, el Estado tiene que reconocer, además, las inversiones realizadas y, además, tiene que finalizar las obras y administrar, operar y mantener las vías.
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Consecuencias del decreto
Cambiar las reglas del juego generará un clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre
De acuerdo con la CCI, los proyectos concesionados no están exentos de enfrentar la coyuntura económica que vive el país. Los incrementos derivados de la inflación en el costo de las nóminas o los aumentos en el valor de los insumos, entre muchos otros factores.
Así pues, no ajustar al alza las tarifas de sus peajes implica el riesgo de no reconocer el verdadero valor de los bienes y servicios requeridos para la construcción y administración de los proyectos. esto puede generar desempleo y eventuales incumplimientos con proveedores, por parte de las concesiones, según el gremio.
«La principal consecuencia para el país, de cara a los alcances del decreto expedido, es que, a partir de la fecha, serán el Gobierno y todos los colombianos -incluso aquellos que no transitan por las carreteras concesionadas- quienes terminarán respondiendovía impuestos, por los dineros que dejen de recaudar los proyectos, dado que dicho recaudo constituye en la fuente de pago de inversiones realizadas sobre la infraestructura”, aseguró el presidente de la CCI.
Además, manifestó que a esto habría que sumar el hecho de que «cambiar las reglas del juego géneros a clima de inseguridad jurídica que, por razones obvias, redunda en incertidumbre entre aquellos financiadores e inversionistas que apostaron por iniciativas de esta naturaleza».
El imperativo de mantener la confianza
Juan Martín Caicedo como dijo que el Gobierno y el sector deben evitar el deterioro de la confianza. «Gracias a ella, hemos construido a lo largo de 30 años una alianza exitosa y estratégica (Estado-concesiones), en pro del desarrollo y la modernización de la infraestructura nacional», agregó.
Así mismo, aseguró que la confianza podría lesionarse con los ya citados financiers e inversionistas (locales e internacionales) que han creído en un modelo que, como el de las concesiones, ha demostrado -no solo en Colombia sino en el mundo entero- su eficacia.
