La ganadera Laura Martínez, de 31 años, participó en las protestas con sus compañeros rurales porque comparte muchas demandas, pero no las que buscan relajar las medidas ambientales que afectan las explotaciones agrícolas. “No tiene sentido hablar de eliminar la Agenda 2030 (acuerdo de la ONU sobre desarrollo sostenible) o de no reducir el uso de pesticidas. Dependemos del ecosistema y si lo destruimos no sé de qué viviremos”, afirma. Junto a él, otros agricultores consideran que es un error atribuir los problemas que afronta el sector a las exigencias medioambientales impuestas por Europa para acceder a las ayudas de la PAC (Política Agrícola Común). O culpar al Pacto Verde, la estrategia de la UE para alcanzar la neutralidad climática en 2050, que se iba a aplicar en el futuro y que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas, herbicidas, insecticidas, punto que se frenó. Otro problema, advierten, es cómo pretende Bruselas implementar estos requisitos, que pueden provocar la desaparición de las pequeñas explotaciones por su incapacidad de adaptarse a los cambios.
Antonio Feliu, un agricultor mallorquín de 55 años, también ha sido visto en concentraciones de protesta, «porque las poblaciones rurales viven mal», debido a la competencia desleal y a la excesiva burocracia a la que se enfrentan. Pero, al mismo tiempo, defiende que el camino a seguir es la agricultura sostenible, que practica en su finca, formada por varias fincas que suman 100 hectáreas -el tamaño medio de una finca en España ronda las 44 hectáreas-, indica. el Ministerio de Agricultura. Allí cultiva árboles frutales ecológicos y cría vacas, cerdos, cabras, ovejas, gallinas y conejos, que vende a particulares, cooperativas, restaurantes o mayoristas. Feliu es una de las 914.871 explotaciones agrarias que existían en España en 2020, un 7,6% menos que el censo de 2009, de las que alrededor de 650.000 se benefician de los beneficios económicos de la PAC, indica el último censo agrario publicado hace dos años.
A Feliu le gusta “tener el campo bien cultivado, sin tierra ni herbicidas. “No quiero contaminar el agua que vamos a beber, ni la planta que luego venderemos, esa no es mi filosofía de vida”. Trazado este camino, asegura que “las medidas medioambientales de la PAC no se pueden relajar porque son insuficientes”. Pero inmediatamente subraya: “Dicen que la PAC es sostenible, pero eso no es del todo cierto, porque dependen de la propiedad de la tierra y de la producción intensiva. »
Pero la presión de los tractores está dando frutos y Europa está perdiendo terreno en la agenda verde. Bruselas estudia hacer voluntarias cuatro de las diez prácticas incluidas en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), imprescindibles para beneficiarse de las ayudas de la PAC, que tienen que ver con la rotación de cultivos, el mantenimiento del suelo o las zonas a dejar en barbecho. «Casi el 55% de las explotaciones quedarían exentas de esta condicionalidad», afirmó el ministro de Agricultura, Luis Planas, tras la última reunión de este miércoles con las principales organizaciones del sector.
Silencio con dimisiones verdes
“El principal problema reside en los acuerdos de libre comercio y la competencia desleal de otros productos externos, pero estas protestas no deben silenciarse derogando las normas medioambientales mínimas existentes”, explica Helena Moreno, responsable de agricultura de Greenpeace. Un retroceso también denunciado por la coalición Por Otra PAC, formada entre otros por ganaderos, agricultores y ONG ecologistas. “Si esto continúa, la PAC más verde de la historia (actualmente de 2023 a 2027) ni siquiera alcanzará las obligaciones de 2014”, afirman. En aquella época se consideraba el mantenimiento de pastos permanentes, la diversificación de cultivos, el fomento de áreas para la protección de suelos y la preservación de fauna que poliniza y mata plagas.
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La preocupación medioambiental no es patrimonio exclusivo de los agricultores que cultivan ecológicamente. Es el caso de Santiago Pérez, de 52 años, que cultiva 60 hectáreas en el Campo de Cartagena (Murcia) en las que produce dos cultivos -lechuga y patata-, que la legislación autoriza. La experiencia le enseñó que “hoy estamos sufriendo las consecuencias de malas prácticas agrícolas porque se ha añadido mucho nitrógeno al suelo”. En el caso de esta zona, las consecuencias se hicieron visibles en el Mar Menor, que perdió el equilibrio y sufrió dos crisis con miles de peces muertos, principalmente por la acumulación de nitratos utilizados como fertilizante.
Utilizar mínimos fitosanitarios “es la mejor manera de gestionar el producto y vender calidad”, cree el agricultor que exporta parte de su producción. Alrededor de 15 días antes de la cosecha, Pérez no aplica sustancias químicas, lo que evita la presencia de rastros. Además mantiene casi la mitad de sus tierras en barbecho para poder recuperarlas. La restauración de suelos es una de las medidas que la PAC consideraba obligatorias y que se ha reducido. Los agricultores ahora sólo tienen que mantener sin producción el 4% de su superficie agrícola, en lugar del 7% anterior.
Pérez está acostumbrado a la carga burocrática, uno de los aspectos más criticados por los agricultores que piden a Europa una simplificación administrativa. No solicita el CAP, pero presenta un informe de control a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y otro a la comunidad autónoma. Indican la cantidad de agua utilizada, los cultivos realizados, los fertilizantes aplicados… «Son prácticamente los mismos, estamos duplicando los papeles», advierte. Además, cuenta con un libro digital donde sus clientes pueden consultar la trazabilidad de “las lechugas que acaban de recibir”. Pérez entiende que para una finca pequeña hay demasiado papeleo.
Rechazo del cuaderno digital
En este sentido, Europa propuso la creación de una libreta digital, en la que las operaciones agrícolas debían registrar, entre otras cosas, las aplicaciones fitosanitarias, la fertilización o el riego. Su entrada en vigor será gradual, pero sigue suscitando numerosas protestas, en particular por las dificultades que pueden encontrar las personas mayores o las pequeñas explotaciones agrícolas, así como por los problemas de acceso a Internet. En el escenario agrícola heterogéneo, el 41% de los propietarios de fincas tienen 65 años o más, el 55% tiene entre 35 y 64 años y sólo el 4% tiene menos de 35 años.
Con un relevo generacional complicado y una estructura donde abunda el pequeño comercio, “hay un problema de ritmos y de apoyo a los agricultores, a los que debemos ofrecer medios para lograr esta transición. Los grandes no tienen problemas”, afirma Tomás García Azcárate, doctor ingeniero agrónomo por el CSIC y especialista en la PAC y mercados agrarios. “Porque”, continúa, “la gran mayoría de la gente no duda de la necesidad de mitigar el cambio climático y es necesario abordarlo. »
Santiago Rodríguez, productor agroecológico orense de 31 años, no se opone al control, pero reconoce que «debe ser la administración la que dé facilidades y ayudas». Se baja del tractor con el que preparaba las plantaciones para coger el teléfono y explicar su situación. “Antes lo normal era acometer este trabajo en un mes y medio, pero si queremos que haya humedad en el suelo tenemos que anticiparnos”, describe. Hay temporadas en las que perdieron el 80% de su producción de patatas por la sequía del verano y otros productos por las inundaciones.
Esto afecta incluso a sus características gastronómicas: “Galicia es la cuna de los grelos y grelos y no había casi ninguno”, afirma. Si a esto le sumamos que los jabalíes se reproducen durante todo el año y siempre hay moscas y mosquitos, resulta difícil entender la flexibilidad de las medidas medioambientales de la UE. «Casi todos los problemas que encontramos en el campo se deben al cambio climático», afirma. Sin embargo, incluye otras demandas de los agricultores, en particular la solicitud de ayudas para el gasóleo agrícola.
Laura Martínez, veterinaria reconvertida en ganadera y quesera, destaca el intento de politizar las protestas en las que participó en Madrid para exigir, entre otras cosas, medidas contra la competencia desleal y el exceso de burocracia. «Son explotados por las grandes empresas y los sindicatos», afirma. No conoce ningún ganadero que critique la Agenda 2030, como se ha gritado en determinadas tertulias, y cree que “las medidas verdes no deberían ser optativas, sino obligatorias, pero teniendo en cuenta la casuística de la cría extensiva”.
Lo piensa y lo pone en práctica en su finca de Bustarviejo, en la sierra al norte de Madrid, donde tiene un rebaño de unas 180 cabras, 160 gallinas ponedoras en libertad, 60 vacas nodrizas y una quesería. Intenta aprovechar los recursos naturales, pastos, arbustos y agua que te rodean: “Cuanto más dependas de los alimentos y forrajes del exterior, más difícil será obtener ganancias, más contaminación habrá y, por tanto, menos bienestar. » Sus animales crean el paisaje, limpian el bosque y reducen la huella de carbono. “Somos sostenibles, tanto ambiental como socialmente”, asegura. Esto es precisamente lo que la UE busca en el camino hacia una agricultura más verde.
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