Envíos diarios de agua desalada desde una planta de Sagunto (Valencia) mediante camiones cisterna como solución de emergencia a la extrema sequía que vive gran parte de Cataluña. Ésta es la propuesta que presentará la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante la reunión que mantiene este lunes en Barcelona con el consejero catalán para la acción climática, David Mascort. La situación de esta comunidad es tan complicada -el viernes entró en estado de alarma y se ampliaron las restricciones al 80% de la población de la comunidad- que llevar agua en barco a Barcelona es una posibilidad que se fortalece cada vez más si esto continúa sin lluvias. . Fuentes de transición ecológica estiman que durante el verano se podrían enviar hasta siete hectómetros cúbicos.
Las dos administraciones ya han mantenido negociaciones y, el pasado viernes, Mascort aseguró que el ministerio estaba dispuesto a «buscar la fórmula» para llevar agua a Barcelona si fuera necesario. Desde mediados del año pasado, poco después de la aprobación del decreto de medidas extraordinarias por sequía en mayo, la Generalitat ha preparado un plan para poder fletar buques cisterna si fuera necesario debido al empeoramiento de la situación. Además, el puerto de Barcelona ya está acondicionado para poder acoger con agua a estos buques, tal y como ha apuntado Mascort. Al mismo tiempo, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, se declaró el sábado «a favor de la solidaridad hídrica entre las regiones, una solidaridad que debe extenderse oficialmente a toda España».
La duda era de dónde vendría el agua, lo que puso en alerta a algunos representantes políticos de otras comunidades. Y, según fuentes de Transición Ecológica, la respuesta está en la red de desaladoras que la empresa pública Acuamed, dependiente de Transición Ecológica, tiene desplegada en la costa mediterránea. Estas desaladoras son fundamentales para hacer frente a la situación de sequía. Algunas fábricas funcionan a plena capacidad, mientras que en otros casos esto no es necesario.
El plan pasa por que Cataluña suministre a los barcos y al Gobierno central agua desalada que se enviaría diariamente durante el tiempo que sea necesario (ya que todo está sujeto a las inexistentes lluvias actualmente). La depuradora de aguas residuales elegida es la que dispone Acuamed en Sagunto, según ha anunciado este sábado el confidencial. Para que se active esta solución de emergencia aún deben realizarse ciertos trámites y poner esta fábrica de Acuamed al máximo rendimiento, subrayan fuentes de Transición Ecológica. Estas mismas fuentes señalan que durante la segunda mitad del año se podrían traer hasta siete hectómetros cúbicos a Barcelona con dos barcos al día para afrontar el verano, aunque esta cifra dependerá de la evolución de las lluvias. El consumo de la ciudad de Barcelona a lo largo de 2022 ascendió a 91,5 hectómetros cúbicos.
La opción de traer agua con pateras es el último recurso que la Generalitat lleva encomendando desde hace semanas una vez declarado el escenario de emergencia del plan de sequía. El viernes entró en este escenario el sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona, toda su área metropolitana y Girona. En total, casi seis millones de residentes (casi el 80% de la población catalana) están sujetos a restricciones en el consumo interno, como no superar los 200 litros diarios. La restricción en la agricultura es del 80% y en la industria del 25%.
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Mascort anunció en noviembre que barcos cargados de agua, si la sequía no mejora (40 meses, la más larga registrada), llegarían antes o durante el verano para poder afrontar estos meses con garantías. Andalucía, la otra comunidad más afectada por la falta de lluvias, también anunció en diciembre planes para transportar agua a la Costa del Sol en barco si la sequía no cesa y el Gobierno central también está dispuesto a hacerlo.
Durante la gran sequía de 2008, la comunidad ya tuvo que recurrir en mayo a seis barcos procedentes de los puertos de Tarragona y Marsella. El agua procedía del Ebro, de los pozos de Tarragona y del canal de Provenza y Marsella. También estaban previstas otras liberaciones para el mes de agosto desde el puerto de Almería con agua de la desaladora de la planta de Carboneras (también de Acuamed), pero este mes de mayo de 2008 finalmente llovió muchísimo y los embalses estaban llenos.
La operación desde el puerto de Almería, autorizada por la entonces consejera socialista de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se firmó en el marco de un acuerdo con la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE. En aquellos años, el tripartito (PSOE-ERC e Iniciativa) gestionaba Cataluña bajo la presidencia del socialista José Montilla. El hecho de que las tres Administraciones estén bajo el mismo color político facilitó la colaboración para esta operación.
Actualmente, ya se han invertido hasta cinco millones de euros en el Puerto de Barcelona para que esté preparado para acoger hasta dos barcos al día, tal y como anunció la Generalitat en noviembre. Pero hasta ahora el gobierno se ha mostrado cauteloso a la hora de informar sobre contactos con compañías navieras o confirmar de dónde se cree que proviene el agua. Tememos un resurgimiento de las tensiones políticas entre territorios. “No vamos a robarle el agua a nadie”, quiso aclarar la portavoz, Patrícia Plaja, durante una rueda de prensa el 5 de diciembre.
Como opción más viable por distancia y disponibilidad de recursos, se barajó desde el principio, al igual que en 2008, la llegada de agua a Barcelona desde el Ebro. Este sistema hidrológico, más resistente a la crisis hídrica, también está gestionado por el Ministerio de Transición Energética.
En las últimas semanas, el concejal Mascort también había abierto la posibilidad de que el agua procediera de desaladoras de Baleares o Murcia. Y esta simple mención reavivó las tensiones con estas comunidades, cuyos gobiernos afirmaron que nadie había solicitado formalmente esta solicitud. Además de advertir que “tampoco tienen suficiente agua”.
Los barcos, si finalmente fuera necesario recurrir a ellos, constituirán una solución de emergencia. A medio plazo, el ministerio propone la construcción de dos desaladoras en Cataluña: Tordera II y Foix, con un coste de 430 millones de euros. Para Andalucía -Ribera y el presidente Juanma Moreno Bonilla hablaron este viernes de la sequía que también afecta a buena parte de esta comunidad-, el ministerio propone otras dos desaladoras, una en la provincia de Almería y otra en Málaga, según fuentes ministeriales. En este caso, el coste ascendería a 200 millones de euros.
La Generalitat Valenciana da luz verde
Ferrán Bono
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del PP, se declaró el sábado «a favor de la solidaridad hídrica entre las regiones, una solidaridad que debe extenderse oficialmente a toda España». El jefe del Consell se pronunció en estos términos tras hablar con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien le informó de la intención de sacar agua desde embarcaciones de la planta desaladora situada en Sagunto, en Cataluña, para combatir la extrema sequía, la peor desde que existen registros, que está sufriendo esta región. La Comunitat Valenciana tiene la garantía de dos años de riego frente a la sequía de otras regiones, sobre todo gracias a la situación de la cuenca del Júcar, que ya tiene el 48% de su capacidad en agua embalsamada,
El jefe del Ejecutivo valenciano indicó que el ministro «garantizó que el aumento de la capacidad de la desaladora por encima del 15% no tendría impacto en las necesidades de la provincia de Valencia». Actualmente, se utiliza alrededor del 10% de su capacidad de ocho hectómetros cúbicos.
En outre, le président de la Generalitat a proposé une rencontre avec le chef du ministère pour répondre aux besoins en eau de la Communauté valencienne comme les transferts Tajo-Segura ou l’urgence de l’Albufera, une demande valencienne dont il a profité pour Acuérdate.
El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, del PSPV-PSOE, también está de acuerdo con trasvasar agua de una desaladora que actualmente utiliza sólo alrededor del 10% de su capacidad de 8,4 hectómetros cúbicos al año a un coste superior de 45 millones de euros. El Ayuntamiento de Sagunto ha defendido históricamente que se trata de una infraestructura de explotación autonómica y nacional y no municipal. “Si la desaladora puede ser útil en caso de emergencia, adelante”, añade. De plus, cette nouvelle utilisation de l’usine de dessalement remet sur la table le conflit sur le paiement de cette infrastructure, qui a coûté plus de 45 millions d’euros (avec 50% de financement européen) qu’Acuamed réclame également auprès de la Alcaldía.
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