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    Peajes urbanos, financiación del transporte público, proyecto ciclista para ir al trabajo… así será la ley de movilidad sostenible | Clima y medio ambiente

    Azanías Pelayo

    PorAzanías Pelayo

    Feb 13, 2024

    El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera lectura la ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, una norma que quedó en las puertas del BOE durante la pasada legislatura debido al avance de las elecciones generales. La futura norma considera la movilidad limpia y saludable como un derecho social que las administraciones deben promover e incluye innovaciones como la financiación estatal del transporte público urbano -que ahora sólo ocurre en determinadas ciudades- y la obligación para las grandes empresas de tener planes para incentivar el transporte. en bicicleta o coche eléctrico. Además, esto abre la puerta a ciudades que quieran complementar sus zonas de bajas emisiones con una tasa de congestión, como la que ya opera en Londres.

    «Esta ley de emergencia la vamos a tratar en el Parlamento porque constituye un compromiso con Europa», declaró este martes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. De hecho, España ha acordado con la Comisión Europea aprobar esta norma como una de las condiciones para recibir los fondos Next Generation, por lo que el Ejecutivo intentará superar los trámites parlamentarios lo más rápido posible. «Queremos que genere un alto grado de consenso, porque cuando se redactó ya se barajaba la idea de un gran acuerdo», prosiguió durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros.

    Según él, “la ley es necesaria por lo que la movilidad representa en términos económicos, el 13% del gasto de los hogares, crea más de 800.000 puestos de trabajo y representa más del 5% del PIB; también desde el punto de vista social, porque la movilidad es un derecho y es importante que la ley lo reconozca; Y para la sostenibilidad hay que pensar en lo que significa la movilidad en términos de contaminación, el 27% de los gases de efecto invernadero están vinculados a la movilidad”, añadió.

    Según la ministra, la ley se basa en cuatro pilares: reconoce la movilidad como un derecho ciudadano, es decir disponer de un ecosistema de transporte y movilidad; la sostenibilidad, ya que necesitamos pasar de ciudades de automóviles a ciudades de personas; El tercero es la eficiencia del gasto en transporte e infraestructura; y el cuarto pilar es la digitalización y la apuesta por la innovación.

    Así, la ley pretende cambiar la noción de transporte, generalmente asociada al coche y a las grandes infraestructuras, hacia la de movilidad sostenible, más centrada en la movilidad activa -a pie y en bicicleta- y el transporte público. Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y equitativo “que permita el libre ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales” y “satisfaga las necesidades de las personas más desfavorecidas y de las zonas afectadas por los procesos de despoblación”, y en En particular, preste especial atención a los casos de movilidad forzada. Se considera que un buen transporte público “mejora la calidad de vida de los ciudadanos”.

    Precisamente, uno de los puntos fundamentales del texto es que garantiza la contribución financiera del Estado para la movilidad sostenible en el área urbana y metropolitana, que hasta ahora sólo existía en determinadas grandes ciudades -como Madrid, Barcelona o Valencia-, y con determinadas subvenciones a determinados municipios. La nueva normativa pretende crear un sistema de financiación estatal homogéneo para todo el territorio «con el fin de permitir a todos los ciudadanos acceder a un servicio de calidad, con independencia de la capacidad de financiación de la entidad local titular del servicio». Esta ayuda constituye una petición histórica para el sector, en grave crisis financiera desde la pandemia, y similar a la que se está produciendo en otros países europeos.

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    La norma crea el Sistema Nacional de Movilidad Sostenible como una herramienta para coordinar políticas con todos los organismos implicados, desde el Gobierno central -competente, por ejemplo, en Cercanías y trenes de media distancia- hasta las comunidades autónomas -que gestionan consorcios generalmente metropolitanos-. y ayuntamientos –generalmente responsables de autobuses y tranvías–. La futura organización se considera un instrumento esencial «para posibilitar la coordinación, colaboración y eficacia de las políticas públicas de movilidad de las diferentes administraciones públicas, promoviendo su sostenibilidad económica, social y ambiental» y permitirá tomar medidas coordinadas en materia de movilidad.

    Tasa de congestión

    Además, la ley proporcionará el primer apoyo legal a los municipios que lo deseen para poder introducir una tasa de congestión para garantizar una calidad del aire adecuada y reducir las emisiones producidas por los vehículos de motor. La “tarifa por congestión” ya se aplica en algunas ciudades europeas como Estocolmo, Oslo, Gotemburgo (Suecia), Milán y Londres, y consiste en que los vehículos deben pagar para acceder al centro de la ciudad -con ciertas excepciones, como las de residentes o repartidores. En la capital británica, la medida ayudó a reducir el tráfico en un tercio. En España, Barcelona y Valencia han estudiado una medida similar, pero antes de plantearla necesitan una regulación estatal que dé respaldo legal al proyecto. Este texto garantizará que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque posteriormente cada Ayuntamiento podrá decidir si implanta o no el peaje urbano.

    En outre, la législation introduit l’obligation pour les entreprises de 500 travailleurs (ou 250 par équipe) de disposer de plans de mobilité durable du travail, qui sont considérés comme un outil essentiel pour faire progresser la promotion de ce type de mobilité sur le lugar de trabajo. Muchas grandes empresas ya tienen proyectos similares, pero aparecen por primera vez en una norma nacional. En cualquier caso, esto no exige que las empresas tengan contenidos mínimos en los planes, ni necesariamente que incluyan ningún tipo de medidas obligatorias, y las opciones son amplias: fomento de la movilidad activa (a pie o en bicicleta), transporte, movilidad eléctrica. , movilidad compartida o colaborativa, flexibilidad en horas punta, teletrabajo, etc.

    La norma deja de lado por el momento el pago por el uso de las autopistas, porque estaba previsto en las primeras versiones -aunque podría retomarse en el marco del trámite parlamentario-. “El mecanismo de pago por uso de las carreteras fue eliminado cuando la norma fue presentada al Parlamento”, señaló Puente. «Hemos llegado a un acuerdo con la Unión Europea en el que este pago se sustituye por un programa de incorporación de mercancías al tren con tres pilares: un programa de desarrollo de las autopistas ferroviarias, la subvención de las tarifas del transporte ferroviario de mercancías y un programa para apoyar y fomentar el cambio modal del transporte de mercancías por carretera al ferrocarril. El objetivo es aumentar la proporción del transporte de mercancías por tren del 4% actual a al menos el 10%, es decir, la media europea. «Ya estamos desarrollando autopistas ferroviarias en en el que vamos a invertir 1.700 millones, como el de Algeciras-Zaragoza”, concluyó la ministra.

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