Actuación contra los vertidos -diferentes a los de hidrocarburos, con normativa propia- que llegan a las costas españolas, como bolitas que llegan estos días a las playas de Galicia y Asturias, está regulado por el Sistema Nacional de Respuesta a la Contaminación Marina, aprobado por el Real Decreto 1695/2012. Esta norma detalla cuatro situaciones de emergencia, que van desde un vertido en un solo municipio hasta aquellos que afectan a varias comunidades autónomas. Ante la magnitud de los daños, son las autoridades regionales quienes deciden si se pasa o no de una fase a otra. Cuando la magnitud del vertido es mayor o más grave, las AUT pueden solicitar asistencia al Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica, que sólo puede actuar en el tercer nivel de alerta (denominado situación 2).
Ni el Condado de Galicia ni el Principado de Asturias, las dos comunidades afectadas, han solicitado hasta el momento esta intervención. Los ecologistas exigen a la Xunta que lo haga cuanto antes para disponer de ayudas estatales, mientras que el Ejecutivo gallego ha indicado este lunes que no decretará el nivel 2 «hasta que tenga más información sobre la situación real de la marea contaminante». El Principado, por su parte, expresó su “interés” en que el Gobierno central ponga a disposición los medios de apoyo al seguimiento y eliminación de los residuos.
El decreto, aprobado hace 11 años, define qué es un “evento de contaminación marina”: “un evento o serie de eventos del mismo origen que implican la introducción directa o indirecta en el medio marino de sustancias o energía que causan o pueden causar daños nocivos”. daño. efectos (como riesgos para la salud humana, daños a los recursos biológicos y a los ecosistemas marinos o costeros, incluida la pérdida de biodiversidad) y “que requieren medidas de emergencia u otra respuesta inmediata”.
El sistema de respuesta nacional incluye dos subsistemas, el marítimo y el costero. El primero de ellos es competencia exclusiva del Estado, a través del Ministerio de Transición Ecológica. Mientras tanto, en el litoral se aplican planes de protección locales, posteriormente planes territoriales regionales y, finalmente, el Plan Nacional de Protección de Costas contra la contaminación.
El decreto indica que cuando se haya entrado en la fase de alerta se deberán poner los medios y recursos necesarios. Y entramos en la fase de emergencia cuando “se ha producido un evento de contaminación marina, la prevención y reducción de los daños que resultan o pueden resultar de él requiere la movilización de los medios y recursos de uno o más planes».
¿Cómo se decide quién debe actuar? Existen cuatro situaciones de emergencia, numeradas del 0 al 3. La situación 0 se desencadena cuando la contaminación afecta de forma limitada al frente litoral de un municipio, y es la propia entidad local la que la inicia e intenta actuar. . La situación 1 se aplica cuando la contaminación afecta al tramo de costa correspondiente a varios municipios vecinos; Es la comunidad autónoma la que lo activa e intenta actuar contra la marea negra. Actualmente en esta fase se encuentran Galicia y Asturias.
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Mientras tanto, será la propia comunidad la que deberá decidir cuándo es necesario pasar a la situación 2, en la que los medios disponibles en los planes activados en la situación anterior son insuficientes para combatir la contaminación, o cuando la zona afectada o amenazada es especialmente vulnerable. Según el decreto, “ante esta situación de emergencia (…) el organismo gestor del plan territorial podrá solicitar al Ministerio de Fomento (hoy Transición Ecológica) apoyo a los recursos marítimos y, en su caso, la activación del Marítimo Nacional”. Plan”. Además, el ministerio deberá poner sus recursos a disposición de la comunidad que los solicite.
Finalmente, la situación 3 puede activarse cuando la contaminación afecta o puede afectar al litoral de varias comunidades autónomas y sólo el Estado puede decidir implementarla. “En los casos de situación de emergencia declarada 3, la utilización de medios previamente movilizados por los demás planes del subsistema costero se realizará en el marco del Plan Nacional de Protección de Costas contra la contaminación y de acuerdo con sus protocolos”.
Aumentar el nivel de alerta
La asociación ecologista Adega instó este lunes a la Xunta a elevar el nivel de emergencia a la situación 2 del plan anticontaminación de Camgal «por la intervención de los recursos marítimos del Estado» ante «la marea de plástico», subraya Europa Press. Señala que, de esta forma, el Gobierno central podría proporcionar barcos y barreras anticontaminación para contener la propagación de vertidos de pellets antes de que otros lleguen a las costas.
“Dada la naturaleza de estos materiales y su flotabilidad, sería más eficaz controlar su dispersión en el propio mar antes de que lleguen a las costas y se asienten en las playas de arena y bancos de mariscos”, explica. “Sería especialmente importante reforzar la protección en las desembocaduras de los estuarios y en los alrededores de espacios naturales protegidos, zonas en las que la penetración de estos contaminantes y su persistencia en el medio ambiente podrían provocar mayores daños ecológicos”, añade Adega.
Asimismo, la entidad medioambiental solicitó una entrevista con los responsables de Medio y Mar en Galicia para conocer las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta, a la que reclama mayor transparencia en la información y las consecuencias de la llegada del plástico a las costas. Adega organiza diversas sesiones de formación con voluntarios para coordinar los trabajos de limpieza y su intervención directa en el litoral afectado. Cree que es fundamental establecer un protocolo de actuación y una mínima coordinación en las labores de limpieza para evitar causar mayores daños a los ecosistemas costeros. “La experiencia acumulada durante el desastre de Prestigio y las limpiezas anuales simultáneas de playas deberían dar como resultado un trabajo voluntario más eficiente y seguro.
“Es la Xunta, el Estado y, en última instancia, los municipios los responsables de poner los medios necesarios para hacer frente a esta emergencia ambiental”, explica Adega. “Por ello exigimos más implicación, recursos, coordinación y transparencia para que, una vez más, no sean los ciudadanos los que deban afrontar solos la lucha contra esta nueva catástrofe”, explica.
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