El Mediador ha abierto automáticamente una acción para investigar el retraso observado en el establecimiento de zonas de bajas emisiones (ZBE) en una treintena de ciudades. Según la ley española de cambio climático, las 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes deberían tener una de estas zonas desde el 1 de enero, pero de momento sólo están implementadas en 14, mientras que otras 120 localidades están en proceso. La institución que preside Ángel Gabilondo solicitó información a 33 ayuntamientos: siete que están muy retrasados en sus proyectos, ocho que ya los han aprobado y están dando marcha atrás, y otros 18 que ni siquiera han iniciado aún los trámites que les son obligatorios. 11 meses.
Las zonas de bajas emisiones son zonas, generalmente situadas en el centro de las ciudades, donde está prohibida la circulación o estacionamiento de los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Transportes distribuyó 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a decenas de localidades para ayudar a su implantación y promover la movilidad sostenible. Sin embargo, muchos están muy por detrás de sus planes. Además, determinados ayuntamientos del PP y Vox, fruto de las elecciones del pasado mayo, declararon la guerra a estas zonas y optaron por minimizarlas, o incluso dar marcha atrás.
En este contexto, el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio respecto a 33 ciudades por el retraso producido en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) exigidas por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Las actuaciones se llevan a cabo en función de varios criterios: por un lado, por el número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en el tratamiento. Así, se solicitó información a siete municipios de más de 300.000 habitantes que aún no han aprobado su ZBE aunque sí están en trámite: Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Alicante y Córdoba.
También se investigarán los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos ayuntamientos aún no hayan iniciado los trámites de declaración ZBE. En esta categoría se solicitó información a los municipios de Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Tenerife), Barakaldo (Bizkaia), Calviá (Baleares), Cerdanyola del Vallés (Barcelona), Coslada (Madrid) , Ferrol (La Coruña), Granadilla de Arona (Tenerife), Motril (Granada), Orihuela (Alicante), Puerto de Santa María (Cádiz), San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde ( Tenerife), Tres Cantos (Madrid) y Valdemoro (Madrid).
Además, la institución solicitó información a municipios en los que se han cancelado o serán cancelados los trámites realizados para la adopción de la ZBE, tal como lo han expresado sus dirigentes en distintos comunicados. En esta categoría se incluyen Badalona (Barcelona), Valencia, Gijón (Asturias), Valladolid, Castellón de la Plana, Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid) y Elche (Alicante).
Las acciones de oficio no resultan de denuncias ciudadanas, sino que son acciones proactivas del Defensor del Pueblo. Los técnicos de la institución solicitan información a las distintas administraciones y, a partir de las respuestas, analizan los datos y pueden solicitar información adicional. Posteriormente, el organismo formula resoluciones a las Administraciones Públicas -en este caso ayuntamientos- para promover la modificación de una determinada práctica administrativa, o incluso de un reglamento.
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Respuestas motivadas
Las principales resoluciones son recomendaciones, que tienen carácter general, y sugerencias, que se refieren a casos que afectan a situaciones específicas. También puede proporcionar recordatorios de obligaciones legales. La Administración podrá no aceptarlos, pero la ley le obliga, en todo caso, a motivar su decisión. Una recomendación sobre zonas de bajas emisiones consistiría en exigir a un ayuntamiento que modifique su forma de actuar para corregir una situación en la que se han vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso el derecho a la salud.
En septiembre, el Ministerio de Transportes envió una carta a los cerca de 200 municipios, de todas las tendencias políticas, que recibieron fondos europeos para financiar iniciativas de movilidad sostenible. La carta advierte que se les exigirá que devuelvan las ayudas de Next Generation si no ponen en marcha sus zonas de tráfico restringido o modifican cualquier otro proyecto subvencionado (como carriles bici) sin permiso. Al mismo tiempo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, también amenazó a las ciudades rebeldes con recurrir sus proyectos ante los tribunales.
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